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Boletín de prensa 10 de febrero de 2011
EL TIEMPO
EE. UU. REVIVE EL TLC Y LAS EXIGENCIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS
Ron Kirk, representante comercial de Estados Unidos, anunció que de inmediato se empezó a trabajar en llevar al Congreso los TLC de Colombia y Panamá.
El proceso para que el Congreso de Estados Unidos apruebe el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia se reanuda "de inmediato" con consultas a sindicatos y grupos de derechos humanos, anunció el miércoles Ron Kirk, representante comercial de Estados Unidos.
En una audiencia en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Kirk dijo que espera que este año se aprueben los TLC con Colombia y Panamá, y que enviará la semana entrante a Colombia una delegación de la Oficina Comercial para iniciar el proceso.
Sin embargo, advirtió que "cualquier cronograma dependerá de que se resuelvan" asuntos como la protección a los derechos laborales. En Colombia, dijo Kirk, "deben estar preparados para llegar a la mesa dispuestos a adoptar acciones significativas".
"Les puedo decir -dijo Kirk- que el presidente me ha dado instrucciones para que intensifique de manera inmediata el trabajo con Colombia y Panamá con el objetivo de resolver los asuntos pendientes tan pronto sea posible este año y traerlos a consideración del Congreso inmediatamente después".
El embajador de Colombia en Washington, Gabriel Silva, dijo que "Colombia está complacida por las declaraciones de Kirk sobre la intención de la administración Obama de mover el TLC este año".
En el mismo sentido se expresó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, quien dijo que el anuncio de avanzar en la aprobación del tratado es positivo.
En Washington, el embajador Silva se refirió a las críticas en la audiencia sobre violencia sindical y derechos laborales en Colombia, y dijo que el país rechaza la noción de que se ha hecho poco. "Sugerir -dijo Silva- que nos hemos quedado quietos a lo largo de los años y que no hemos tomado pasos para proteger los derechos humanos y laborales... son reclamos no basados en los datos recientes. A veces es muy conveniente elevar argumentos basándose en el pasado de Colombia, pero la Colombia de hoy es una nación muy diferente".
Al referirse a esos temas de derechos humanos y asuntos laborales, el ministro Díaz-Granados dijo que "las respuestas se las darán las autoridades pertinentes porque no son de mi competencia".
Sin embargo, calificó como importante, el reconocimiento hecho por varios congresistas estadounidenses al trabajo realizado por Colombia durante los últimos años para mejorar sus estándares en torno a temas como los derechos laborales.
También destacó el requerimiento expresado por la mayoría de los miembros del Comité de Medios y Arbitrios, de someter el Tratado a votación lo antes posible.
Trabajo
Cooperativas ya han cambiado
En diciembre del 2006, después de que terminó la negociación del tratado, se aprobó un decreto que buscaba eliminar la intermediación laboral que hacían las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), al tiempo que las obligaba a inscribirse en un registro que debe ser consultado por los empresarios antes de contratarlas.
Luego, a finales del 2008, por presión de Estados Unidos, que ve en las CTA una competencia desleal, se expidió una Ley que las obliga a realizar los pagos parafiscales de sus afiliados, dado que se estimaba que la mitad de ese tipo de cooperativas no cumplían con esa obligación.
El año pasado en el proyecto de Ley de Primer Empleo, se intentó eliminar las CTA que intermedien en el mercado laboral.
Finalmente, en la ley aprobada se incluyó el compromiso de pagarles prestaciones sociales a sus 600.000 asociados.
EL LUNES ESTARÍA LISTA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DE LEY DE VÍCTIMAS
Ya están en marcha consultas entre los congresistas y el Gobierno.
El lunes de la próxima semana llegaría a la secretaría de la Comisión Primera del Senado la ponencia para el tercer debate de la ley de víctimas.
Así lo informó el senador liberal Juan Fernando Cristo, quien dijo que ya se iniciaron consultas con el Gobierno con miras a ajustar aspectos centrales de la iniciativa, que el año pasado superó dos debates en la Cámara de Representantes.
El primero tiene que ver con el acuerdo sobre el año desde el cual abarcarían las medidas contempladas en el proyecto. La Cámara acordó que fuera 1991, pero el Gobierno está dispuesto a ir algunos años atrás. Aunque no hay un acuerdo en firme, la fecha podría estar entre 1982 y 1984.
El otro asunto sensible es la posibilidad de que los familiares de integrantes de grupos armados ilegales puedan tener la posibilidad de declararse víctimas, en caso de que sus derechos hubieran sido violados.
Otro punto es la necesidad que ve el grupo de ponentes (del que también hacen parte Roy Barreras, de 'la U'; Hernán Andrade, del Partido Conservador; Jorge Londoño, del Partido Verde; Luis Carlos Avellaneda, del Polo; y Hemel Hurtado, del PIN) de muy claras las competencias de instituciones y entidades que tendrán a su cargo la aplicación de las medidas consignadas en la ley.
Entre tanto, se adelantan consultas con los ministerios de Agricultura e Interior para hacerle los últimos ajustes al texto.
El que se iniciará en los próximos días será el tercero de los cuatro debates que requiere el proyecto de ley de víctimas para convertirse en ley.
La iniciativa es una de las prioridades absolutas del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
HOY ASUME NUEVO PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Se trata del magistrado Juan Carlos Henao quien asumirá ante el pleno del alto Tribunal.
Henao es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en derecho administrativo de la Universidad Paris 2.
Fue magistrado auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado, asesor de la Procuraduría y profesor de varias universidades de Bogotá. Ha escrito varios libros.
Como vicepresidente de la Corte asume el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, egresado de la Universidad del Atlántico.
Mendoza, ha sido juez, Procurador y magistrado. Se ha desempeñado como docente de universidades de Bogotá y Barranquilla.
SUSPENSIÓN DEL GOBERNADOR DEL CASANARE QUEDÓ EN FIRME
Oscar Raúl Flórez fue suspendido irregularidades en un contrato para brindar el servicio educativo.
La suspensión del gobernador del Casanare, Oscar Raúl Flórez, por supuestos actos de corrupción en un contrato que le impuso la Procuraduría quedó en firme este martes. La Corte Constitucional revocó una decisión de tutela con la que el mandatario pretendía mantenerse en el cargo.
En un fallo de revisión, el alto tribunal avaló la decisión del Ministerio Público y consideró la medida disciplinaria como "una alternativa legítima con la que cuenta la Procuraduría cuando pretende contener la posibilidad de reiterar una conducta que atente contra los intereses del Estado".
Flórez fue suspendido del cargo de gobernador por la Procuraduría después de ser abierta en su contra una investigación por irregularidades en un contrato que suscribió con una entidad particular para brindar el servicio educativo en el departamento.
El Ministerio Público decidió separar del cargo a Flórez por tres meses debido a que, a juicio de los investigadores, siguió incurriendo en las presuntas irregularidades pero el mandatario presentó una tutela alegando la violación de sus derechos fundamentales. Además, contra Flórez se adelantan 22 investigaciones disciplinarias más.
El Gobernador alegó que la medida era ilegal fue ilegal porque se le impuso mientras se encontraba incapacitado por razones de salud.
El caso fue decidido en primera instancia por un juez penal municipal para adolescentes de Yopal (Casanare) que falló a favor de Flórez. La sentencia tumbó la medida de la Procuraduría alegando la violación de los derechos del Gobernador a elegir y ser elegido, y al de ejercer cargos públicos.
Por estos hechos, el Consejo Seccional de la Judicatura de Yopal destituyó al juez que tomó la decisión inicial alegando que se extralimitó en sus funciones y tomó una decisión "abiertamente ilegal.
GOBIERNO RETIRA ARTÍCULO QUE BUSCABA AUMENTAR EDAD DE JUBILACIÓN
Presidente pidió tramitar esas polémicas en el Ejecutivo y no ante los medios de comunicación.
Luego de que EL TIEMPO revelara la iniciativa, inluida en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, la Presidencia anunció el retiro de ese artículo y también anunció que una eventual reforma al régimen pensional se tramitará previo acuerdo con la mesa de Unidad Nacional y los partidos que la integran.
También se dispuso que dicha posible reforma regiría únicamente para los nuevos cotizantes.
La polémica que suscitó la propuesta de subir la edad de la pensión llevó al representante Luis Antonio Serrano a advertir que "el tema puede entorpecer las discusiones del plan, que deben estar centradas en el empleo, la seguridad, la reducción de la pobreza y las inversiones en las cinco locomotoras".
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, negó que se tratara de un 'mico', pero aceptó que "probablemente había formas más expeditas para cursar la propuesta". No obstante, anotó que "esta discusión que se va a dar es muy importante. Se trata sólo de una modificación que afecta a las personas muy jóvenes, por lo tanto, tendrá repercusión a largo plazo. Se deriva del hecho de que cada vez vivimos más años. La idea, entonces, es buscar que el sistema pensional reconozca que para su sostenibilidad necesita evolucionar hacia una mayor edad de jubilación".
A los congresistas, la iniciativa les llegó por sorpresa, pero, en su mayoría, están de acuerdo en que es necesario revisar la edad de pensionarse en Colombia. Aún así, no parecen estar dispuestos a dejar pasar este artículo, con el que se propone incrementar la edad de jubilación del hombre, de 62 a 65 años y de la mujer, de 57 a 62, sólo para las personas que empiecen a cotizar en el momento de la aprobación de la ley.
Para la senadora Piedad Zucardi, "el tema debe ser tratado en una ley específica y analizado cuidadosamente en las Comisiones Séptimas, que se encargan de temas sociales". El senador Álvaro Ashton también opina que "una discusión sobre pensiones no tiene unidad de materia con el Plan de Desarrollo. Va a haber una debate innecesario".
Simón Gaviria, por el contrario, cree que la iniciativa no está salida de tono y que puede pasar en el Congreso. "Por ley, el Plan tiene que incluir las grandes reformas. Y no sólo está esta, también la del predial, por ejemplo".
El senador Mauricio Lizcano tiene un par de advertencias adicionales: "El Plan de Desarrollo es una ley que sólo tiene vigencia por cuatro años, no tiene presentación meter un tema que tiene repercusiones por encima de ese tiempo".
Aunque, según el director de Planeación, Hernando José Gómez, la medida se empezaría a aplicar en el 2040, los cálculos para incrementar la edad de pensión se hacen con base en la realidad de hoy.
Uno de los puntos de discusión será el del universo que afecta la medida. Según el investigador de la Universidad Externado de Colombia, Stéfano Farné, "a simple vista, va a afectar el sistema de ahorro individual que manejan los fondos privados, pues se aumenta la edad a la cual uno puede recibir la pensión mínima. Pero abordar el tema de incremento de edad de jubilación en Colombia es inevitable".
DNP tiene razón
Según Gustavo Sosa, director de retiro, riesgos y finanzas de la firma Mercer, especialista en recursos humanos, técnicamente la idea del DNP está sustentada. "La edad de jubilación debe ser, en promedio, 15 años antes de cumplir la expectativa de vida establecida. Según el último censo del Dane, esta edad está en 75,9 años para el hombre, entonces la edad debería ser 60,9 años para ellos".
2040 sería el año en que empezaría a regir el nuevo régimen de pensiones, de ser aprobado por el Legislativo colombiano
MILLONARIA INDEMNIZACIÓN AL EX FUTBOLISTA DEL CALDAS JORGE AGUDELO
El futbolista Jorge Agudelo deberá ser indemnizado con unos 500 millones de pesos, ordenó la Corte.
Fallo de la Corte es precedente para que los clubes cumplan con la ley laboral.
El jugador de fútbol Jorge Agudelo ganó la batalla jurídica que por cuatro años enfrentó con el club Once Caldas por el reconocimiento de los sueldos y prestaciones que los directivos del onceno de Manizales le adeudaban desde que lo separaron del equipo en el 2004.
En ese momento -un día después de que el club resultó campeón de la Copa Libertadores-, Agudelo fue licenciado después de resultar positivo en una prueba de dopaje.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Once Caldas indemnizar en más de 500 millones de pesos a Agudelo por los salarios que dejaron de pagarle durante el tiempo que estuvo en el equipo, y sentó un precedente sobre las condiciones laborales y de seguridad social que las directivas de los clubes deben reconocerle a los jugadores.
Los magistrados consideraron que el despido de Agudelo fue injusto y que la base de ingresos con la que fue liquidado no correspondía a su sueldo real. Según el jugador, recibía casi 8 millones de pesos, mensuales entre salario, bonificaciones, premios y gastos de representación; pero en la nómina solo figuraba con una mensualidad de un millón de pesos.
La Corte concluye que el dinero adicional que recibía Agudelo correspondía a un pago periódico permanente, por lo que reunía todas las condiciones de un salario.
La demanda (presentada en el 2007) se convirtió en su martirio. Del Pereira pasó a entrenar con el Nacional y estuvo en conversaciones con otros equipos; pero por el pleito con el Once Caldas no lo llamaron a jugar. Incluso, ofertas de equipos de otros países quedaron en el aire.
"No es bueno llegar a estas instancias, pero estaba reclamando algo justo. Me perjudicaron mucho. Los directivos deben ser justos con los salarios y la salud de los jugadores", dijo Agudelo.
El presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas, Carlos González Puche, calificó el fallo del alto tribunal como un precedente para otras 10 demandas que cursan en varios tribunales del país.
EL ESPECTADOR
ECHAN PARA ATRÁS PROPUESTA DE AUMENTAR EDAD PARA PENSIONARSE
El gobierno decidió retirar la iniciativa del Plan de Desarrollo.
A través de un comunicado, leído esta mañana desde la Casa de Nariño, el Gobierno anunció su decisión de retirar del proyecto de Plan de Desarrollo el artículo que aumenta la edad para poder disfrutar de la pensión.
La decisión se da no más de 24 horas después de que se desatara una fuerte polémica por que el ejecutivo hubiese tomado la decisión de incluir este tema en el Plan de Desarrollo sin hacer previamente una concertación o discusión abierta.
El artículo generó tal reacción que el vicepresidente Angelino Garzón y el ministro de hacienda, Juan Carlos Echeverry, mostraron opiniones encontradas a través de los medios de comunicación. El comunicado de Presidencia de la República fue aprovechado para 'jalarle las orejas' públicamente a ambos funcionarios y advertir que la discusión de estos temas se da al interior del gobierno y no a través de los medios de comunicación.
La iniciativa buscaba aumentar la edad para jubilarse hasta 65 años para los hombres y hasta los 62 años para las mujeres. La medida estaba pensada para que aplicara para quienes comenzaran a cotizar una vez aprobada por el Congreso, es decir que no iba a afectar a los nuevos trabajadores.
El siguiente es el texto del comunicado:
1. El Gobierno considera que es un acto de responsabilidad con las futuras generaciones plantear desde ya una reforma que garantice la viabilidad y sostenibilidad del sistema pensional colombiano en las próximas décadas. Esta es una discusión que se está abordando en todos los países.
2. Atendiendo la opinión de respetados juristas sobre la necesidad que dicha reforma se tramite como una iniciativa legal por separado al Plan de Desarrollo, cuya vigencia es de tan solo cuatro años, el Presidente de la República ha tomado la determinación de retirar del proyecto del Plan el artículo referente al cambio en la edad de jubilación para quienes ingresen al sistema y cuyos efectos se verán tan solo 30 años más tarde.
3. El Gobierno Nacional presentará a consideración de la Mesa de la Unidad, la Mesa de Concertación Laboral, y posteriormente al Congreso de la República, una iniciativa que contemple la reforma al régimen pensional, sin afectar a los trabajadores que actualmente se encuentran cotizando al sistema. La reforma solamente afectaría a quienes ingresen a cotizar en los próximos años.
4. Si bien el Presidente de la República considera que las discusiones y discrepancias al interior del equipo de colaboradores son útiles, y hasta necesarias, reitera que las mismas deben tramitarse al interior del Gobierno y no a través de los medios de comunicación.
SI EN 2011 NO HAY TLC, COLOMBIA "LE DIRÍA NO MÁS" A ESA POSIBILIDAD CON EE.UU.
El embajador de Colombia, Gabriel Silva, dijo que aunque hay señales positivas “hay que ver para creer”.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva Lujan, dijo que se mantiene una completa “incertidumbre” frente a la posibilidad de que el Congreso de ese país apruebe el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Según él, aunque hay muchas señales positivas “hay que ver para creer”que sea aprobado el tratado.
En ese sentido, señaló que si éste no es aprobado este año es posible que Colombia desista de la ratificación del TLC.
“Hay que entender que si en 2011 no ocurre la ratificación es posible que Colombia sea la que diga que esto no va más”, aseguró en La W.
En el mismo sentido, el embajador recalcó que el tratado no tendrá una reapertura en ningún capítulo pues el texto fue cerrado por el propio Congreso de Colombia cuando aprobó el proyecto de TLC.
JUAN CARLOS HENAO, NUEVO PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo oficiará como vicepresidente en 2011.
El magistrado caleño Juan Carlos Henao se convirtió este miércoles en el nuevo presidente de la Corte Constitucional, por determinación de su Sala Plena.
Henao sucederá en el cargo al tolimense Mauricio González Cuervo, quien era secundado en la vicepresidencia, precisamente por quien desde hoy asumirá la vocería oficial del la corporación.
Así mismo, el plenario eligió al barranquillero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo como nuevo vicepresidente.
Henao, egresado de la Universidad Externado de Colombia en 1981, tiene un master en en Derecho Público Interno Francés de la Universidad de París y obtuvo un doctorado en Derecho de la Universidad de Panthéon-Assas, en la capital gala.
Entre 1989 y 1990 ejerció como magistrado auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado; posteriormente fue asesor del procurador general de la Nación y en 1994 fue elegido como representante del Ministerio Público delegado ante el Consejo de Estado.
Luego de ejercer como abogado litigante por varios años, regresó a la Rama Judicial en marzo de 2009, al ser elegido como magistrado de la Corte Constitucional.
El nuevo vicepresidente, el barranquillero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, es abogado de la Universidad del Atlántico y tiene especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia.
Desde 1983 ingresó a la Rama Judicial, en las jurisdicciones penal, laboral y contencioso administrativa; entre 1996 y 2007 fue magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado, corporación en la que fue elegido como vicepresidente en 2005.
Mendoza también fue viceprocurador (e) en 2009, un mes antes de ser elegido como magistrado de la Corte Constitucional.
LA MANIFIESTA HERENCIA DE LA ESCLAVITUD
Por: Gustavo Gallón
Así define la situación de la población afrocolombiana la experta independiente de Naciones Unidas sobre Minorías, que visitó nuestro país y advirtió tres evidencias inocultables al respecto: una descomunal pobreza de las comunidades negras, una desproporcionada violencia en su contra y una sistemática inaplicación de las soluciones identificadas para eliminar esta persistente discriminación.
La experta encontró que los cinco departamentos más pobres del país son los de mayor concentración de negritudes (Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó y Nariño), y que el 80% de ellas no tienen sus necesidades básicas satisfechas. La tasa de mortalidad infantil en Chocó es de 54 por mil, mientras que en Medellín es de 8 por mil. El promedio nacional de mortalidad materna es de 74,9 muertes por cada cien mil nacimientos, y el de Chocó es de 227,4.
Semejante miseria se da en territorios de inmensa riqueza minera, como en Suárez (Cauca), o agrícola, como en Jiguamiandó y Curbaradó (Chocó), que la experta visitó, y donde encontró que el conflicto armado y los paramilitares están vigentes. Allí la guerra y los megaproyectos económicos se confunden para usurpar tierras a las comunidades negras. También en Buenaventura, por la ampliación del puerto y la construcción de una conexión a la carretera Panamericana. Pudo percibir así que las y los afrodescendientes representan casi la tercera parte de la población desplazada, y que más del 12% de todos ellos viven en situación de desplazamiento forzado: 1’300.000 personas. Por eso, y por el asesinato de numerosos líderes y mujeres, la experta califica esta violencia contra la población negra como desproporcionada.
Lo que más le causó sorpresa es la inmensa impunidad de esos crímenes, empezando porque menos del 1% de los casos de desplazamiento son procesados. Si no hay sanciones judiciales para los delitos que afectan a la población afrocolombiana, tampoco se aplican las fórmulas para prevenirlos. La experta destaca el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y recomienda su fortalecimiento. Insta a enfocarse en la prevención de nuevos desplazamientos y en facilitar un retorno seguro a sus tierras, conforme al Auto 005 de la Corte Constitucional. Destaca la importancia del derecho de consulta previa en relación con situaciones que afecten a las comunidades afrocolombianas, y enfatiza la necesidad de que se cumpla la Ley 1257 de 2008 sobre violencia contra las mujeres.
Pide que se cumpla el derecho de prelación de las comunidades negras para la concesión de minas en sus territorios, y que se les brinde asistencia técnica y financiera eficaz para desarrollos empresariales. En síntesis, no se requiere mucho más que aplicar la Constitución y otras normas que reconocen teóricamente sus derechos. Es de esperar que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas urja al Gobierno, en sus próximas sesiones de marzo, a que ponga en práctica esta contundente receta para superar la herencia de la esclavitud en Colombia.
REVISTA SEMANA
JUAN CARLOS HENAO, NUEVO PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
En la tarde de este miércoles la Corporación nombró al magistrado Juan Carlos Henao como su presidente. También se determinó que la vicepresidencia será ocupada por el magistrado Gabriel Mendoza Martelo.
El magistrado caleño, Juan Carlos Henao, fue ternado por el Consejo de Estado, donde se desempeñó en el cargo de magistrado auxiliar de la Sección Tercera.
Henao se graduó en Derecho de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Administrativo y es Master en Derecho Público Interno Francés de la Universidad de París.
Además, el nuevo presidente de la Corte Constitucional es Doctor en Derecho de la Universidad de Panthéon-Assas París.
Henao reemplaza en el cargo al magistrado Mauricio González Cuervo.
Durante su paso por la Procuraduría ocupó la asesoría del despacho del procurador general de la Nación y se desempeñó como procurador primero delegado ante el Consejo de Estado.
El nuevo presidente de la Corporación deberá manejar la vocería ante la legalidad de la 'silla vacía', el matrimonio gay y los decretos de emergencia social.
CARACOL RADIO
LA JUSTICIA COLOMBIANA TIENE QUE SER INMACULADA: JUAN CARLOS HENAO
El nuevo presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, aseguró que la justicia colombiana tiene que ser inmaculada, en referencia al ‘carrusel de magistrados’ denunciado por Caracol Radio.
“No puedo hacer juicios concretos sobre eso, uno debe buscar no declararse impedido en el futuro, sin embargo, lo que le reitero es que la justicia colombiana tiene que tener una pulcritud, ser inmaculada y todo lo que vaya en contra de esa posición debe ser denunciado”, aseguró Henao.
Manifestó antes de hablar se retos, se debe hacer una reflexión sobre lo que debe hacer la Corte, su función principal, y de esa manera consolidad avances democráticos.
Sobre la reforma a la justicia, aseguró que va a haber un acercamiento y que “el choque de trenes es más una noticia que de ves en cuando sale, pues si uno se pone a ver estadísticamente son muy reducidos los casos donde ocurre”.
En cuanto a la revisión de la tutela con la que Piedad Córdoba pretendía regresar al Congreso de la República, dijo que tendrá el trámite regular que se le da a todos los procesos de la corporación.
MAGISTRADO JUAN CARLOS HENAO ES ELEGIDO PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
La Corte Constitucional nombró como presidente de la alta corporación al magistrado Juan Carlos Henao y como vicepresidente al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
El magistrado Henao es bachiller del Colegio San Juan Berchmans S.J. de Cali y abogado de la Universidad Externado de Colombia. Además hizo una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad de París.
Se ha desempeñado en el sector público y privado como abogado Interno de Carvajal S.A. y Publicar Ltda.
Entre 1989-1990 se desempeño como Magistrado Auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado y entre 1993-1994 fue Asesor del despacho del Procurador General de la Nación, bajo contratación con la FES.
Entre 1994-1995 fue Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, con funciones de señalar las directrices generales del ministerio público ante la jurisdicción, y de conceptuar a prevención en las Secciones del Consejo de Estado.
Desde el año 2009 y hasta el 2010 se ha desempeñado como magistrado de la Corte Constitucional.
Henao deberá ser el vocero de determinaciones como las del matrimonio entre parejas del mismo sexo, la emergencia social y los más de 23 decretos, la legalidad de la llamada “silla vacía”, entre otros
NIEGAN TUTELA CON LA QUE PIEDAD CÓRDOBA PRETENDÍA RECUPERAR SU CURUL DE CONGRESISTA
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que negó la tutela que interpuso la exsenadora Piedad Córdoba contra la Procuraduría, luego de su destitución.
Los argumentos de la ex congresista es que dicha decisión de suspenderla a inhabilitarla por 18 años se "Le violaron los derechos al debido proceso, de acceso y desempeño de funciones públicas, a elegir y ser elegida".
Con dicha decisión queda en firme la decisión disciplinaria de la Procuraduría, en la que sancionó a la ex senadora por supuesto favorecimiento a las Farc.